LEY 1861 DE 2017: Lecturas críticas para su bienvenida.

leyreclutamientoopinionEste viernes 4 de agosto de 2017 obtuvo sanción presidencial la Ley 1861 de 2017 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”. Dicha ley, firmada por el presidente Juan Manuel Santos y presentada a la ciudadanía en rueda de prensa con toda la cúpula militar, se convierte en la base legal a partir de la cual se deben definir los aspectos referentes al servicio militar obligatorio en Colombia, derogando todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial la vieja conocida Ley 48 de 1993.  

Ahora bien, si se tiene como punto de partida que el artículo 4 de la referida Ley menciona que:

“Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la Independencia nacional, y las instituciones públicas con los beneficios y exclusiones que establece la presente Ley, salvo para quienes ejerzan el derecho fundamental a la objeción de conciencia.”

Entonces probablemente, todos los colombianos –especialmente los objetores de conciencia– deben revisar el texto de dicha normativa y por lo menos cambiar impresiones acerca de su contenido procurando obtener, al final de esa charla, una posición al respecto.

El propósito de este escrito es plantear algunas ideas iniciales para hacer una lectura crítica de la Ley 1861 que inviten a otros a dar su opinión y, en el marco de un ejercicio de ciudadanía activa sirvan de bienvenida a aquella disposición legal a nuestro ordenamiento normativo. 

Para iniciar, es posible indicar que de la simple comparación de la Ley 1861 de 2017 y la Ley 48 de 1993 se pueden identificar varios cambios y nuevas propuestas que invitan a pensar en una mayor protección de los derechos y garantías de la población colombiana. Así mismo, es factible señalar elementos que no representan mayor progresividad o que en algunos casos pueden resultar sumamente preocupantes [1].

Ahora bien, se debe considerar que el texto de la Ley 1861 no es el producto de la iniciativa de sectores políticos que en el pasado hayan mostrado mayor interés en detener o denunciar los abusos de poder en los quehan caído las autoridades militares de reclutamiento en numerosas ocasiones, en desmedro de los derechos de la ciudadanía. Además, en tanto propuesta del bloque legislativo que soporta la gestión del actual Gobierno, va implícita la aprobación de la Fuerza Pública en cualquier cambio propuesto.

Por lo tanto, ¿qué podría explicar la creación de una ley con elementos progresistas que, entre otras cosas, exige a la Fuerza Pública ceñirse a una conducta más respetuosa de los derechos humanos?

Antes de exponer cuatro razones viables, es posible descartar una a la que invitaría la lógica y que propondría que la Fuerza Pública -o los sectores políticos en el poder- han tenido recientemente una comprensión de su labor significativamente más apegada al respeto de la dignidad humana y de los derechos y garantías constitucionales, que en épocas pasadas.

Esta idea se puede descartar si se observa el primer texto propuesto hace dos años en la Cámara de Representantes como Proyecto de Ley y se compara con el texto final de la Ley que hoy está vigente. Los cambios son abismales, y es poco probable que simplemente el ejercicio parlamentario haya hecho que tanto la Fuerza Pública como los sectores legislativos que respaldaron la iniciativa cambiaran razonablemente su opinión.

Abordado el punto anterior, se puede proponer como una primera razón la necesidad de actualizar la legislación al panorama jurídico planteado estos 24 años por la Corte Constitucional. La acción de tutela ha sido una herramienta supremamente útil a la hora de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de la población, pero también ha sido un canal de concreción de justicia material frente a la actuación de los agentes del Estado.

Muchas de las novedades de la Ley 1861 no tienen un carácter inédito, pues ya se encontraban en la jurisprudencia constitucional. No incluir dichas novedades o legislar en su contra hubiera tenido como consecuencia, en primer lugar, que las personas continuaran optando por la tutela para que los jueces obligaran a la Fuerza Pública a proteger sus derechos, situación a la que de cierta manera la última se acostumbró; y en segundo lugar que la ciudadanía demandara la inconstitucionalidad de las disposiciones legales quedando la validez de la ley a criterio de la Corte.   

Una segunda razón podría ser la necesidad de hacer políticamente más atractiva o por lo menos más defendible la figura del servicio militar obligatorio. Aunque Colombia es un país ampliamente militarizado y existen grandes porciones de la población con una mirada deformada por el militarismo, resulta diciente el hecho de que, como lo dijo el Presidente de la República, para muchos el servicio militar es una carga, lo cual se puede observar en hechos concretos como la existencia de aproximadamente un millón de remisos [2].

No hay que hacer un gran esfuerzo para encontrar que el servicio militar es una obligación solo para los sectores más empobrecidos del país[3], que plantea pésimas condiciones para quienes lo padecen y que casi en ningún caso representa una opción realmente deseable[4].

Muy relacionada a la segunda razón, podría pensarse en una tercera que se plantea como la necesidad de hacer ver compatible el servicio militar obligatorio con una agenda política de paz. Salvar la incoherencia política entre la salida dialogada del conflicto armado con las FARC-EP y el ELN, por un lado, y mantener la obligación de todos los jóvenes de ir a la guerra, por el otro, es una tarea muy difícil. El Presidente lo sabe bien, pues antes de obtener el Nobel de Paz, en el marco de su segunda campaña electoral propuso la eliminación del servicio militar obligatorio [5].

La única propuesta coherente con los nuevos tiempos de paz es la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar. Aún si en gracia de debate se propone que es imprescindible una fuerte presencia militar en las zonas antes dominadas por los grupos guerrilleros, con el fin de que otros grupos violentos no tomen su control[6], lo que ha demostrado la práctica militar internacional reciente[7] –por lo demás completamente condenable– es que tienen un peso mayor en la industria de la muerte los ejércitos altamente tecnificados y profesionales aunque sean pequeños, que los grandes ejércitos con bajos niveles de profesionalización y tecnificación. 

Dado el actual momento histórico por el que atraviesa el país, parece claro que el servicio militar obligatorio no es una figura estatal diseñada para accionar contra los grupos insurgentes que en algún momento pretendieron tomar el poder por medio de la violencia, como algunos lo han pretendido hacer ver; sino que cumple otros propósitos que benefician a determinados sectores, los cuales, interesados en mantener estructuras de poder que en la actualidad permiten oprimir al resto de la población, promueven reformas cosméticas con el fin de resguardar dichas estructuras [8]. A veces “todo” cambia, para que nada cambie.

No obstante, no es aceptable decir que toda reforma es una estrategia de quienes detentan el poder para sostener el “statu-quo”. La cuarta razón, que resulta la más importante, es la presión ciudadana de objetores y objetoras de conciencia y ciudadanos comprometidos con la causa de la Noviolencia Activa y el ejercicio de democracia real que han desarrollado organizaciones como Justapaz, exigiendo la creación de normas que protejan los derechos inherentes a la persona humana.  

Los logros obtenidos en materia de objeción de conciencia en la Ley 1861 son progresistas y en muchos casos innovadores en Colombia. Si es cierto que una revolución no es cualitativamente diferente de las reformas que la preceden y posibilitan [9], la eliminación del servicio militar obligatorio y la lucha contra el militarismo y la militarización en Colombia se logran a partir de pequeños, pero a la vez enormes triunfos de la ciudadanía que opta por la objeción de conciencia, como es el caso con esta nueva ley.

El camino por recorrer es largo y la eliminación del servicio militar obligatorio todavía es lejana, pero mientras se mantenga en píe una ciudadanía consciente de sus derechos y coherente con sus responsabilidades respecto de la paz, el escenario venidero plantea más luces que penumbras.

[1] El análisis pormenorizado de “pros y contras” de la Ley 1861 es un ejercicio extenso en el que este escrito no va a entrar, pues correría el riesgo de no cumplir con los objetivos ya planteados. Por lo anterior se propondrá hacer referencia al articulado en su conjunto, invitando a que se asuma la crítica de cada artículo en el desarrollo del ejercicio de disertación ciudadana sugerido.

[2] Presidencia de la República de Colombia: “Presidente Santos en la Sanción de la Ley de Reclutamiento y Control de Reservas y Movilización”. Disponible en web: “https://www.youtube.com/watch?v=LXwdlMqd7Go

[3]De acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo los estratos 1 y 2 concentran la mayor parte de la tropa conscripta. En una menor medida participa también el estrato 3, siendo prácticamente inexistente la presencia de reclutas de clases socio-económicas altas. Para obtener más información consulte: Defensoría del Pueblo de Colombia (2014). “SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN COLOMBIA: Incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia”. Bogotá. Disponible en web: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf

[4] Pensar, como espera el Presidente, que el servicio militar sea una opción de “progreso” cae de su propio peso, pues aún si se limitara el análisis a una pobre lectura capitalista de la vida del joven colombiano, la lógica indicaría que no debería existir obligatoriedad alguna en la prestación del servicio militar, en tanto que el joven no teniendo más oportunidades buscaría ser parte de la Fuerza Pública voluntariamente. Resulta simple: lo que es obligatorio por su naturaleza nunca es una opción.

[5] Noticias RCN. Noticia de Junio 04 de 2014 "Voy a desmontar el servicio militar obligatorio": Santos. Disponible en web: “http://www.noticiasrcn.com/nacional-elecciones/voy-desmontar-el-servicio-militar-obligatorio-santos”.

[6] Lo cual es debatible principalmente porque la presencia estatal que debe extenderse a esas zonas no es la militar, sino una oferta institucional de bienes y servicios que aseguren la protección de la dignidad de las personas que las habitan.

[7] Las mayores potencias militares han abolido la obligatoriedad del servicio militar procurando el uso de Ejércitos muy tecnificados. Tal vez el ejemplo más diciente sea el uso cada vez mayor de “drones” militares por parte de Estados Unidos en varios países de África y el Oriente medio, con una disminución notable de tropas. Consulte: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160307_eeuu_somalia_al-shabab_drones_az” y “http://www.dw.com/es/gu%C3%ADa-sobre-el-mundo-de-los-drones-militares/a-39445451

[8] A lo que se suma por supuesto, la voluntad gubernamental de complacer a las Fuerzas Armadas y demostrar que tienen respaldo irrestricto desde la Presidencia, con el fin de evitar que sean cooptadas por fuerzas políticas de corte más fascista o por lo menos de extrema derecha.  

[9] De Sousa, Boaventura. “Democracia y Transformación Social”. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2017. Pág. 158.

Por: Juan Manuel Martínez. Abogado Justapaz. 

Imagen tomada de: taringa.net