Suspensión del Desalojo en El Guayabo

Guayabo bannerAyer, el desalojo ordenado para el 5 de julio en El Guayabo fue suspendido después de que las oficinas en Bogotá de la Procuraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo Nacional advirtieron que los derechos humanos de los residentes de El Guayabo estarían en alto riesgo de ser violados.

En enero, el juzgado de Puerto Wilches, el centro municipal para El Guayabo, falló a favor de Rodrigo López Henao, en su proceso reivindicatorio de la parcela de San Felipe de la cual 150 familias dependen desde hace 30 años. Mientras que los residentes de El Guayabo fueron notificados oficialmente del desalojo recién el 30 de junio, han estado viviendo con la amenaza del desalojo desde el fallo, una posible repetición del desalojo violento y traumático de un profesor en junio del 2014.

Las víctimas del conflicto armado colombiano tienen garantizados ciertos derechos bajo la Constitución para prevenir una violación de sus derechos fundamentales. La carta enviada por los delegados encargados de Tierra de la Procuraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo Nacional, dirigida al juez que dictó la sentencia y al Inspector de Policía -la oficina pública que hace cumplir los desalojos- argumentó que a los residentes de El Guayabo “no se les ha garantizado su derecho al debido proceso”. Si el desalojo fuera ejecutado, las autoridades municipales tendrían que cumplir primero con una lista de ocho prerrequisitos relativos a procedimientos que garanticen los derechos humanos de las personas afectadas por el conflicto armado, tal y como exige la sentencia de la Corte Constitucional T239/13.

El 4 de julio, dos miembros de la comunidad visitaron la oficina del Inspector de Policía en Puerto Wilches para obtener por escrito una declaración de la suspensión del desalojo. El primer documento que se les otorgó justificó la suspensión debido a la falta del personal adecuado de la policía antidisturbios. Sólo con la insistencia de los campesinos se enmendó la declaración para reconocer el recibo de la correspondencia oficial de Bogotá para suspender el desalojo porque su cumplimiento violaría los derechos humanos por omisión, es decir, por no seguir con los “procedimientos de desalojo”.

“Con el desalojo suspendido podemos respirar un poco”, dice Eric Payares, “pero todavía tenemos que estar atentos. Esto no es el final del proceso”. La comunidad sigue tomando medidas preventivas para protegerse a sí misma debido a un alto riesgo de represalias. Las 17 denuncias hechas contra López Henao por miembros de la comunidad por lesiones, destrucción de bienes y amenazas no le han impedido infligir daños y temor en El Guayabo.

La comunidad agrícola está actualmente afrontando en tres casos más de disputa de tierras y un caso penal en el que cuatro líderes comunitarios fueron falsamente acusados ​​de posesión de armas, daños personales y concierto para delinquir. Tres de los líderes regresaron a casa, habiendo evitado su captura durante seis meses, después de comparecer ante el juez quien retiró todos los cargos contra ellos menos el último.

Álvaro García, el cuarto líder de la comunidad vecina de Bella Unión fue capturado el 24 de abril de 2016 y todavía está encarcelado por las mismas acusaciones que los otros tres líderes. La persecución política y judicial de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es una táctica común utilizada por el gobierno para debilitar la capacidad de las comunidades para resistir y organizarse.

La lucha histórica por los derechos a la tierra está en el corazón del conflicto colombiano. Los agricultores de El Guayabo se encuentran entre los 5 millones de campesinos del país que cultivan el 43% del consumo interno, pero sólo tienen acceso al 3,5% de las tierras cultivables. Los grandes terratenientes se han alineado históricamente con los grupos paramilitares para usurpar tierras para el monocultivo a gran escala para la exportación, la ganadería y el control territorial. En los años 2000, López Henao llegó al pueblo con soldados de uno de los grupos paramilitares más letales de Colombia, la AUC (las Autodefensas Unidas de Colombia), extorsionando a los residentes de la comunidad. Con la desmovilización de la AUC bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005, la influencia del grupo se infiltró en los organismos gubernamentales desde el nivel local hasta el nacional. En 2015, Leonel Lagares Gutiérrez, el entonces Inspector de Policía que llevó a cabo el desalojo del profesor Henry Rincón un año anterior, fue capturado por “concierto para delinquir agravado”, basado en la confesión del jefe político por el Bloque Central Bolívar de la AUC, Orozco González.

La preocupación de las comunidades campesinas como El Guayabo, que buscan obtener los títulos de sus tierras, es la riesgosa necesidad de vadear a través de un complejo juego de poder regional y de control político, donde siguen siendo revictimizadas como víctimas del conflicto armado.

Artículo e imágenes tomados originalmente de: ECAP Colombia