Brutalidad policial en el marco del paro nacional

‘’No entendemos cómo es posible que en Colombia este pasando que la sociedad este en un estado de indolencia, en un estado de ostracismo. Lo que ha pasado desde el 28 de abril es el resultado de un acumulado de procesos muy difíciles; los procesos históricamente han existido, pero desde el año 2002, en donde llegó Álvaro Uribe, se ha visto cómo sistemáticamente se han violado los derechos, cómo se han aumentando las masacres y los desaparecidos, se ha visto cómo es de difícil que un gobierno o que un Estado vea por sus nacionales’’, responde Mary Luz Serran, profesional en relaciones económicas internacionales y especialista en derechos humanos, como descripción de las protestas del país, en el conversatorio denominado Semana nacional de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Mary Luz Serran, en compañía de Maira Quiñones, comunicadora social y representante de concertación de la secretaria de cultura en Cali, junto con Santiago Manrique, experto en políticas públicas con diplomado de acción noviolenta y resolución de conflictos; participaron como panelistas en el evento desarollado por Justapaz en colaboración con la Universidad Industrial de Santander y los colectivos Conova, FB, Conciencia sin camuflado y Tulpa. El evento se desarrolló abordando un análisis de las movilizaciones Bogotá, Cali y otras ciudades de Colombia, rechazando el exceso de violencia por parte de las fuerzas públicas y destacando el papel de los jóvenes en la resistencia por la lucha de sus derechos.

¿Qué ha pasado con los jóvenes durante las manifestaciones?

Santiago, responde en primera persona que los jóvenes se han evidenciado indignados frente a políticas que no eligieron, leyes y modificaciones constitucionales que fueron decretadas en lapsos en donde las generaciones que conformaban sus padres, quizá, no dimensionaban la importancia de hacer valer sus derechos, y tampoco, el poder de transformación y presión a través de procesos directos como los bloqueos. “Desde que nacimos hemos vivido en un país en guerra, realmente, nunca hemos estado en paz. Estamos en el punto en donde la gota esta rebozando el vaso y, por ende, nos hemos visto obligados a salir a manifestarnos desde nuestras acciones colectivas, artísticas, sociales y políticas; nos hemos visto obligados a levantar nuestra voz y decir «Queremos que pare la guerra», ahí, es cuando nos vemos reprimido por la Fuerza Pública’’.

Cali ha sido uno de los epicentros de las protestas, pues uno de los factores que más intervienen allí, es la población afro que sufre diferentes violencias, como el no poder acceder a dos comidas mínimas al día; esto, entre otras desigualdades, generó que la ciudad tuviese muchos jóvenes conformando primeras líneas para exigir procesos de vida digna, en donde infortunadamente, se ha obtenido como resultado heridos de gravedad o asesinados por parte de entes que en vez de violentarles debían protegerles. ‘‘Estamos ante un gobierno que cuando le hemos pedimos garantías, no nos ha dado ninguna, sino la garantía de la muerte. Todo empezó porque las situaciones en Cali son muy difíciles, la mayoría de los jóvenes que están en la resistencia en los sectores, tienen una situación económica muy fuerte, muy grande. Es muy difícil escuchar que un joven se ponga como carne de cañón frente a armas, fusiles y armamento únicamente con un palo o una piedra para defender al pueblo.’’, menciona Maira.

¿Qué es la brutalidad policial?

Según Mary luz, le corresponde al Estado velar por la protección, la vida y los derechos humanos de toda la nación. El Estado es quien da la orden de cómo hacer uso de la fuerza y es el único responsable de la misma. En los procesos de protesta, se evidencia la intervención con violencia desmedida de los policías dejando a un lado los diferentes acuerdos y convenido internacionales que les obligan a proteger la vida de los ciudadanos. ‘’Durante las protestas del mes de abril del año 2021, se han reportado setecientos desaparecidos ¿Qué pasa con estos jóvenes?, ¿Quiénes se los están llevando?’’, cuestiona la especialista en derechos humanos.

Maira Quiñones, relaciona la brutalidad policial con el suceso en donde en un mismo día, a 8 de sus compañeros de universidad los fusilaron mientras que entregaban resistencia en las protestas de la Luna, Cali. Para la periodista, es incierta y maquillada la cantidad de víctimas reconocidas por el gobierno hasta el día de hoy, pero completamente legítima las denuncias y cada uno de los testimonios correspondientes a los jóvenes vulnerados en los CAI y a las mujeres que han sido abusadas sexualmente en los mismos espacios.

Con base en las cifras por la ONG Temblores, hasta la fecha, se registran 2110 casos de violencia homicida, 39 asesinatos, 442 intervenciones violentas a protestas pacificas y 16 casos de violencia sexual.

¿Cuál es la causa de la brutalidad policial?

Para el experto en política e incidencia noviolenta, Santiago Manrique, es necesario analizar que los casos de abuso son procesos sistemáticos que hasta la fecha han sido denunciados y soportados con videos de ciudadanos o cámaras de seguridad de los diferentes sectores. Los videos y testimonios, corresponden a un modo de operación en donde el común denominador es el uso de armas y la captura de ciudadanos sin un debido proceso; a pesar de que el gobierno insista en que se trata de ‘’manzanas podridas’’ o de casos aislados, lo cierto es que los funcionarios no atraviesan por procesos ni sanciones que les permita reflexionar antes de cometer un delito, pues al no tener una justicia ordinaria y sí una justicia militar con diferentes garantías, las posibilidades de impunidad son excesivamente altas.

Para Mary Luz, es importante recordar que aunque los uniformados en muchas ocasiones se encuentren bajo ordenes de superiores, existen procesos, manuales y orientación que permiten no perpetuar ni aumentar las cifras de violencia por parte de la institución, a través de la objeción de conciencia como se cita en el Manual ampliado de derechos para la policía: ‘’Recuerde que la obediencia a las ordenes de un superior, no puede invocarse para justificar violaciones graves de los derechos humanos como asesinatos y torturas. Familiarícese con los procedimientos internos y externos de denuncia y notificación, comunique las infracciones de la ley y las violaciones de los derechos humanos’’.

El conversatorio finalizó con una invitación directa a los diferentes colectivos y comunidades para que visibilicen y destaquen la incidencia política que han venido desarrollando las mujeres e iglesias de manera constante durante el marco de las manifestaciones, simultáneamente, los panelistas hicieron un llamado a la participación noviolenta a través de encuentros eclesiales, artísticos y comunales que exijan el cumplimiento de garantías de derechos humanos y una vida digna para todas y todos en Colombia.

Vea el conversatorio completo aquí.

Por: Karol Chala.