CARTA CONJUNTA DE IGLESIAS Clamor por el respeto a la vida, a la justicia integral. Clamor por concertación urgente a demandas sociales.
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA EL CARGO DE ASISTENTE CONTABLE
LA PAZ EN EL OLVIDO
ELABORADO POR: Andrés Camilo Rodríguez Castillo
Inicia la última legislatura del Congreso de la República y el último año presidencial de Iván Duque, ambos escenarios con un ritmo marcado por las precampañas del 2022, pero con esto, un balance profundamente negativo sobre la eficacia y pertinencia de las políticas que afrontan los problemas económicos y sociales de la pandemia, la desigualdad y la violencia. Justamente, sobre la agenda para superar la violencia creciente en Colombia es muy poco lo bueno que se puede decir, y más aún, cuando es negativo el balance en materia de implementación del Acuerdo de Paz. Sin titubeos, hoy podemos afirmar que el incremento de la violencia nacional recae en buena parte de responsabilidad por la incapacidad de gestionar públicamente los conflictos por parte del Gobierno Nacional y el Congreso, los cuales arrancan una legislatura relativamente perdida.
Para dimensionar la violencia actual, debemos recordar en relación a las masacres en Colombia que durante el 2019 se presentaron 36, para el 2020 se tuvo un registro de 64 y lo corrido del 2021 se cuenta con la trágica cifra de 59. Desde la firma del Acuerdo de Paz 279 excombatientes han sido asesinados y durante el 2021, 103 líderes sociales han sido asesinados (INDEPAZ, 2021).
En cuanto a la violencia estatal generada en el marco de la protesta social del 2021, se tienen registrados 87 homicidios de personas civiles, 1.905 personas heridas, 88 casos de lesiones oculares, 326 personas defensoras de DDHH han sido agredidas, 833 mujeres han sido víctimas de violencias policiales, 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG), 3.365 personas han sido detenidas y 52 allanamientos, todo mayoritariamente causado por el accionar desproporcionado de la Fuerza Pública (C. DEFENDER LA LIBERTAD, 2021).
Solamente durante el primer trimestre del 2021 la violencia dejó unos 27.435 desplazados en Colombia, paralelo a esto, coexiste un fortalecimiento progresivo de grupos armados como el ELN, disidencias de FARC, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas y estructuras narcotraficantes. (Defensoría del Pueblo, 2021).
En medio de esto, el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC-EP, sufre de una crisis de implementación legislativa y de cumplimientos por parte del Gobierno Nacional, rodeado del incremento de un comportamiento autoritario por parte del poder ejecutivo.
El Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, SIIPO, señala que sobre el Punto 1 de la Reforma Rural Integral se ha avanzado un 53.12% en los planes. Frente al ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo se ha ejecutado en un 22.31%; Infraestructura y adecuación de tierras en un 55.73%; Desarrollo social y de salud en un alarmante 3.08%; Desarrollo social o educación rural en un 41.91%; Vivienda y agua potable en un bajo 29%; Producción agropecuaria y economía solidaria en un 59%; Garantía al derecho de alimentación en un también bajo 30%; y planes de acción para la transformación regional en un 48%.
El punto 2 obre ampliación democrática y participación política a la fecha, no tiene un 50% de ejecución. Sobre los derechos y garantías para la oposición y los nuevos movimientos que surgieron después de la firma del acuerdo solo hay un avance del 8.24%. Sobre los mecanismos democráticos de participación ciudadana para los excombatientes solo se ha ejecutado en un 35%. Y, sobre promover una mayor participación en la política nacional, a pesar de que varios líderes de las FARC hoy hacen parte del Congreso, este acuerdo solo cuenta con el 24% de ejecución.
En relación al punto 3 sobre el fin del Conflicto, el cual plantea la hoja de ruta para acabar definitivamente con la guerra entre las FARC y el Ejército de Colombia cuenta con avances importantes, pero, todo lo relacionado a la reincorporación de los excombatientes está por debajo del 70% de avances y lo que tiene que ver con las garantías de seguridad y luchas contra las organizaciones y conductas criminales como el paramilitarismo, va por debajo del 40%.
El punto 4 de solución a las drogas ilícitas, en el que es indispensable promover una nueva visión sobre el fenómeno del consumo, el problema de los cultivos de uso ilícito y la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, se muestra que, en los últimos dos años, Colombia redujo las hectáreas de coca, pero aumentó la productividad de cocaína. En 2018 había 169.000 hectáreas de coca y en 2019 había 154.000, es decir, 15.000 hectáreas menos, lo que confirma el quiebre de la tendencia incremental que inició en 2014. Sin embargo, la producción de cocaína aumentó en un 15%. En general, este punto sufre de una baja ejecución sin superar el 50% teniendo en cuenta las falencias del programa de restitución de cultivos.
Y uno de los puntos más controversiales es el 5 en relación a víctimas y Justicia Transicional. En el Registro Único de Víctimas están inscritas 9.031.048 víctimas, de las cuales 7.299.457 son sujetos de atención. En temas de restitución de tierras, la Unidad de Tierras (URT) ha recibido 125.513 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, RTDAF, por 95.926 personas. En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para junio de 2020 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, determinó la apertura de siete macro casos que están en proceso de ser ampliados e investigados y que van desde falsos positivos hasta reclutamiento de niños en el conflicto armado.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por su parte, ha creado nueve planes regionales de búsqueda en curso que tienen como objetivo la búsqueda de un total de 591 personas. La Unidad había recibido solicitudes de búsqueda correspondientes a 5.389 personas desaparecidas y ha establecido el estado de 810 personas.
Finalmente, la Comisión de la Verdad ha escuchado 11.118 víctimas; 38 % de la guerrilla, 32% de los paramilitares y 16% de la Fuerza Pública, Para finales de 2019, la Comisión había elaborado 23 documentos preliminares sobre patrones y contextos explicativos del conflicto armado que ayudarán a crear el informe final de esta institución.
El anterior panorama aparte de ser desolador, establece el reto urgente de consolidar rutas reales que contribuyan a convivir bajo nuevos paradigmas de convivencia, democracia y vida en Colombia. Sin dejar en el olvido la importancia de ubicar la responsabilidad política del Congreso y del Gobierno nacional, también, la sociedad civil debe ser protagonista en superar los actuales conflictos del país, para ello, es imprescindible el aumento de los niveles de participación y transformación social mediante la ocupación publica de la política, logrando recrear la paz como un aspecto programático de todas las agendas contribuyendo a establecer acuerdos comunes para la paz.
La transición política que se vive en el país hoy está llena de conflictos, intereses y campos en disputa, pero sin lugar a duda, el acuerdo de paz conjuga posibilidades acertadas para disputarse el futuro próximo y generar nuevos horizontes de justicia, democracia y paz para la sociedad colombiana.
