ALERTA POR VIOLACIÓN DDHH EN COLOMBIA
Comunicado Las Iglesias Santuarios de Paz expresan su solidaridad con las Víctimas del conflicto armado
NO MÁS MILITARISMO TRIBUTARIO
El movimiento antimilitarista denuncia las agresiones que han sufrido organizaciones de nuestra articulación: la noche del 29 de abril fueron violentadas personas de la localidad de Bosa, Bogotá; Allí el ESMAD actuó con intención de matar, reprimiendo las manifestaciones en contra de la reforma tributaria. De esa jornada represiva quedaron varias personas heridas y detenidas, algunas de las cuales no recibieron los servicios médicos necesarios mientras las mantenían ilegalmente retenidas.
A su vez, La Juventud Rebelde Colombia sufrió agresiones en contra de sus integrantes durante las jornadas del 28 y 29 de abril en distintos departamentos: en Boyacá fueron detenidas arbitrariamente 3 defensoras de DDHH mientras ejercían su labor en medio de las manifestaciones; en el Cauca se detuvo arbitrariamente a un compañero y luego recibió tratos crueles, inhumanos y degradantes; en Pereira, en inmediaciones del viaducto fue reprimida la movilización donde se encontraban varias compañeras y compañeros y en Santander fue hostigada una defensora de DDHH por parte de policías sin identificación.
También hemos visto como en Cali, Pasto, Medellín, Cundinamarca y otras ciudades y municipios del país el Estado está asumiendo esta crisis social como una situación de guerra, respondiendo con militarización a la protesta legítima en contra de una reforma tributaria que afecta gravemente la economía de quienes vivimos bajo la precariedad y el abandono estatal, agudizando las violencias estructurales y manteniendo las inequidades sociales de manera sistemática.
Actualmente hay información sobre el asesinato de 8 personas por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones, 7 de ellas en Cali y 1 en Neiva; estos hechos se deben esclarecer. A la par de esto la Campaña Defender la Libertad informa que se han reportado 49 personas heridas y 75 personas arbitrariamente detenidas en las ciudades de Bogotá,
Cali, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla; a esto se suman por lo menos 10 agresiones a defensoras de DDHH y dos mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales, una de ellas denuncia que el 30 de abril fue violada por un integrante del ESMAD.
Así mismo, denunciamos las capturas y allanamientos ilegales perpetuados contra 14 personas el 28 de abril en las ciudades de Bogotá y Cali, en horas de la madrugada, bajo cargos de «terrorismo y concierto para delinquir», los cuales constituyen un montaje judicial por parte del Estado. Estas personas han sido liberadas y las capturas declaradas ilegales; no obstante, denunciamos la criminalización que han recibido en medios masivos y alertamos sobre la necesidad de acompañarles y protegerles de nuevos intentos de privación de su libertad por parte del Estado.
Reiteramos la denuncia sobre cómo, en medio de la pandemia, el gobierno ha aumentado su gasto en municiones y vehículos para el ESMAD, comprando también aviones de guerra y camionetas para presidencia, priorizando el cambio de uniformes para la Policía Nacional por encima de equipos de bioseguridad para el personal médico que le está haciendo frente a una pandemia que ha cobrado 74.000 vidas; este gasto militar de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo habría servido para comprar 300.000 vacunas, salvando 150.000 vidas.
Invitamos a las organizaciones sociales y personas solidarias a estar alerta a cualquier evolución negativa que puedan tenerlos ataques contra nuestras organizaciones y en general contra las comunidades que luchan para frenar la reforma tributaria. Así mismo llamamos a tejer la resistencia desde Acciones Directas Noviolentas buscando protegernos y detener la acción autoritaria del Estado.
En cuanto a los gobiernos locales y nacional: seguiremos confrontando su peligrosa idea de vigilar, criminalizar y atentar contra nuestras vidas. Sus amenazas solo fortalece nuestra apuesta de acabar con el uso patriarcal e institucionalizado de la violencia. Exigimos la presencia de personal médico y psicosocial en nuestros barrios para enfrentar la crisis sanitaria. También nos unimos al clamor nacional por la aprobación de la renta básica universal como garantía al mínimo vital durante la actual crisis. Rechazamos la presencia de actores armados que buscan el control militarista de nuestros territorios por medio de la intimidación.
