Resiliencia de la comunidad campesina de El Garzal, una lucha por el territorio

El pasado 18 de agosto se realizó la Asamblea Popular de Campesinos y Pescadores del sur de Bolívar, liderada por la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica, con la participación de Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras y líderes del corregimiento, entre ellos el pastor Salvador Alcántara. Con el objetivo de anunciar el proceso de deslinde del 31% de playones comunales de la ciénaga El Garzal.

Luego de 10 años de proceso, la Agencia Nacional de Tierras declaró como bien de uso público el 31% de este complejo cenagoso en Simití, Bolívar, que corresponden a unas 5.043 hectáreas, las cuales quedarán en manos de 465 campesinos y campesinas que ahora podrán usar la zona norte de la ciénaga para pescar y cultivar alimentos.

Este proceso marca un momento trascendental para la zona, ya que permitirá el ordenamiento del territorio alrededor del agua y garantizar el acceso y correcto aprovechamiento de los/as campesinos/as sobre estos terrenos. Así como quedó definido en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, según el Ministerio de Agricultura.

El corregimiento El Garzal, ubicado en el municipio de Simití, al sur del departamento de Bolívar, está conformado por dos veredas: el Garzal y Nueva Esperanza que de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras – ANT, conforman un terreno de aproximadamente 19.000 has. El resto de la tierra de El Garzal, asciende a unas 15.000 hectáreas, está integrada por sabanas, playones y cuerpos de agua de 7 ciénagas y humedales. 

Contexto histórico

Desde hace más de 40 años, familias provenientes de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Santander llegaron hasta El Garzal para asentarse principalmente en cerca de 4.000 has de baldíos los cuales, han dedicado principalmente a la producción agrícola y pecuaria y la sostenibilidad y seguridad alimentaria familiar con cultivos de maíz, cacao, plátano, arroz, yuca, aguacate, mango, entre otros. 

A lo largo de su historia la comunidad campesina de El Garzal, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ya que no cuentan con una vida digna pues tiene dificultades para la satisfacción de sus necesidades básicas y no han podido acceder a proyectos productivos que garanticen la producción agrícola y seguridad alimentaria para satisfacer el mínimo vital de las comunidades. 

Además, esta población ha sido afectada por las dinámicas del conflicto armado y el narcotráfico en la región. Principalmente grupos paramilitares, han querido forzar la venta de los predios de los campesinos y campesinas, han cometido desplazamientos forzados, asesinatos selectivos a líderes de la comunidad, extorsiones, entre otros hechos delictivos, todo, con la finalidad de despojarles la tierra que durante varios años han conservado y trabajado. 

Estos hechos se atribuyen de manera particular a Manuel Enrique Barreto Díaz, vinculado con las actividades ilícitas del Bloque Central Bolívar de las Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, mejor conocidas como las ACCU, quién tenía interés en obtener pleno control y dominio sobre las tierras del corregimiento de El Garzal. Incluso desde 2004, Manuel Enrique Barreto y sus sucesores, no solo han incurrido en vías de hecho, sino que también han interpuesto diversas acciones judiciales y trámites administrativos con la finalidad de despojar la tierra e impedir la adjudicación definitiva de los predios a favor de la comunidad de El Garzal. 

Para entender mejor lo anterior, hay que remontarse al periodo comprendido entre 1999 y 2001, en el cual, 181 familias campesinas de la Comunidad de El Garzal solicitaron al entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria – INCORA, la adjudicación de los baldíos ocupados de manera tradicional y en cumplimiento de las reglas establecidas en la Ley. Dicha entidad declaró bienes baldíos los terrenos comprendidos en el corregimiento de El Garzal y procedió a iniciar trámites de adjudicación.

Entre 2002 y 2005 el INCORA, expidió aproximadamente 80 resoluciones de adjudicación de terrenos baldíos en el corregimiento El Garzal. Sin embargo, liquidado el INCORA y una vez el INCODER asumió sus tareas, no se continuó con las adjudicaciones y, por el contrario, la entidad se limitó a realizar una entrega parcial de las adjudicaciones promovidas. 

Por ello, algunos de los campesinos devolvieron las resoluciones de adjudicación, las cuales no fueron registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos, trámite necesario para ser propietarios de los terrenos adjudicados. Pasaron casi ocho años después, en abril de 2013, para que el INCODER notificará y entregara 62 resoluciones de adjudicación a las familias de El Garzal. 

Finalmente, el trámite nunca se hizo porque el INCODER señaló que se estaba verificando si los terrenos se podían adjudicar o no. En el marco de este proceso de adjudicación, en 2011, la Dirección Territorial Bolívar del INCODER ordenó adelantar unas diligencias previas en los terrenos que conforman el denominado Complejo Cenagoso “El Garzal”.

Es así como después de más de 10 años de pleito judicial, con los herederos y socios de Barreto quienes iniciaron en el 2004, 8 procesos reivindicatorios contra las campesinas y los campesinos de El Garzal, alegando a través de 19 escrituras públicas, la presunta propiedad sobre 19.000 has de tierra, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití, decretó en 2014, la nulidad de todos los procesos acumulados y el rechazo de las demandas al considerar que los predios reclamados son baldíos de la Nación. 

¿Cómo ha avanzado el proceso?   

Durante el primer semestre del 2022, en mayo se inició la primer parte de la Inspección ocular para el proceso de deslinde, diligencia donde los funcionarios de la agencia se adentraron en la ciénaga para delimitar lo que corresponde a ciénaga, y cuál es el terreno adjudicable. Esta diligencia no se pudo concluir debido al paro armado del Clan del Golfo. 

El pasado 25, 26 y 27 de julio de 2022, se realizaron reuniones de socialización sobre la inspección ocular con la comunidad de campesinos de nueva esperanza, El Garzal y San Luis, revisando junto al equipo técnico y jurídico los procesos de las personas que participaron y acreditaron documentos de propiedad.

De esta forma, la Agencia Nacional de Tierras define el 29 de junio de 2023 la Resolución No 20233200883716 “Por medio del cual se resuelve parcialmente el procedimiento agrario de deslinde o delimitación de las tierras de propiedad de la Nación, respecto del treinta y uno por ciento (31%) del polígono de los terrenos que conforman el denominado COMPLEJO CENAGOSO EL GARZAL, ubicado en jurisdicción del municipio Simití, departamento de Bolívar (…)”; y del ejercicio de conformación y acción de la Junta de Baldíos Adjudicables y de los lineamientos del reglamento de uso y manejo de los terrenos comunales del polígono deslindando de El Garzal.

Espiritualidad como motor de resistencia

Ante este panorama de vulnerabilidad, violencia, constantes amenazas a sus líderes y la falta de una respuesta oportuna del Estado, la comunidad de El Garzal ha podido resistir gracias a la fe. Ese ha sido su motor principal para seguir adelante en el camino de reivindicación de sus derechos. 

Su fuerte y arraigada creencia en Dios ha permitido que no pierdan su esperanza y bajo el liderazgo del pastor Salvador Alcántara, quien ha recibido la mayoría de las amenazas, hoy pervive una comunidad organizada que resiste de manera pacífica por sus derechos y que no descansará hasta obtener justicia. 

Por tal motivo, desde hace más de 10 años la Asociación Menonita para Justicia Paz y Reconciliación – Justapaz, ha acompañado jurídicamente a la comunidad que habita el corregimiento El Garzal y ha impulsado el litigio estratégico, para incidir en las diferentes entidades que acompañan este proceso. A su vez que ha brindado el acompañamiento a la comunidad y resolución de algunos conflictos que hacen parte de su día a día.

Así las cosas, celebramos esta decisión y esperamos que el actual gobierno mantenga su buena disposición y voluntad para con esta comunidad y logre finiquitar los procesos exitosamente. Promoviendo la dignidad de la comunidad campesina, como sujetos de derecho, llevando a una real contribución y voluntad a la tan anhelada Paz Total.

Por: Danna Robayo y Vivian Benavides